Cómo divorciarse en Costa Rica: vía notarial (rápida) o vía judicial

En Costa Rica hay dos caminos muy distintos para divorciarse, y cuál te toca depende de si hay acuerdo entre ambos cónyuges y si hay hijos menores de edad.

**Vía notarial (mutuo consentimiento, sin hijos menores, sin bienes gananciales)** — la más rápida:

• Un notario público redacta y protocoliza una **escritura pública** donde ambos cónyuges expresan su voluntad inequívoca de separarse.
• Requisito clave: la escritura debe indicar expresamente que **no hay hijos menores de edad** dentro del matrimonio **ni bienes gananciales**, y hay que aportar certificaciones de Bienes Muebles e Inmuebles del Registro Nacional.
• Ambos cónyuges tienen que comparecer en persona ante el notario (no se puede por representación) y firman la escritura junto con el notario y los hijos mayores de edad, si los hay.
• El notario envía la solicitud de **homologación** al TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) — vía electrónica al correo divorcios@tse.go.cr, o en persona — para que quede inscrita y produzca efectos legales.
• **Plazo de resolución: 30 días hábiles. Es gratuito** (el costo real es el honorario del notario por la escritura, no el trámite de homologación en sí).
• Fundamento legal: Código de Familia (Ley N.º 5476), artículo 60; Ley Orgánica del TSE y del Registro Civil, artículo 95.

**Vía judicial** — cuando hay hijos menores de edad, no hay acuerdo entre las partes, o hay bienes/pensión en disputa: el proceso lo lleva un Juzgado de Familia del Poder Judicial, no un notario. Es más largo porque el juez tiene que revisar y aprobar el convenio (guarda, crianza y educación de los hijos, pensión alimentaria, régimen de visitas, división de bienes) o resolver la disputa si no hay acuerdo. Para este camino hace falta un abogado litigante — no es un trámite que se resuelva solo con un notario.

Nota: aunque haya acuerdo, si existen hijos menores de edad **no se puede usar la vía notarial** — el convenio sobre pensión alimentaria y guarda de menores necesita supervisión judicial, no solo notarial, para proteger el interés del menor.